Por: Equipo de Periodismo Profundo Cero60
Los expertos aseguran que este fenómeno se debe en gran parte a la falta de educación que debería comenzar en la familia y promoverse desde el Estado. Cualquier agresión en contra de las mujeres es motivo de alerta, más aún cuando las cifras crecen sin respuesta eficaz de las autoridades.
“Si tocas a una, respondemos todas”.
“Somos mujeres, no mercancías”
“Mi vida no gira alrededor de tu pene”,
Frases duras en el contexto de un país que no parece civilizado, donde sus mujeres tienen que manifestarse en las calles para exigir respeto a su vida, su integridad, su cuerpo. Y es que desde los medios de comunicación, se envían mensajes poco alentadores como un video clip donde una mujer es literalmente encajuelada e incinerada, o declaraciones de artistas tales como “si una mujer no sabe trapear, no sirve”.
Como si la mujer fuera blanco natural de violencia, vejaciones, desprecio, el problema en nuestro país es creciente. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revelan que dos de cada tres mujeres mexicanas han sufrido violencia de género, donde el principal agresor es la pareja.
Sin embargo, no sólo la violencia sexual, física o psicológica es desmedida, el índice de mujeres asesinadas en nuestro país es devastador. De acuerdo a los datos del Sistema de Procuradurías Estatales, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos reportó que en 2015 fueron asesinadas un promedio de 7 mujeres por día.
Y si hace algunos años se pensaba que esto sólo ocurría en Ciudad Juárez, la alarma hoy es de carácter nacional, donde por supuesto, Michoacán no es la excepción. La diputada local del Partido del Trabajo (PT) e integrante de la comisión de equidad e igualdad del Congreso del estado, Brenda Fraga, asegura que la causa de esta situación es la educación machista y sobre todo el narcotráfico.
Feminicidios, en la indefinición conceptual
Uno de los principales problemas para atender el problema de los feminicidios en Michoacán, es la falta de datos certeros y sobre todo de tipificación.
En el proceso de investigación de este reportaje, el Equipo de Periodismo Profundo Cero60, constató que cada organismo parte una definición propia, y utiliza cifras, datos y estadísticas de acuerdo a sus intereses. La diputada Brenda Fraga explica: “hace falta que nos juntemos todas las dependencias para sacar una sola definición sobre este caso”.
Para la legisladora, el feminicidio es “agresión con dolo por el hecho de ser mujer y debe ser visible ante la sociedad”, mientras que para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), esta agresión debe estar acompañada de “violencia sexual”. Sin ello, no son considerados feminicidios.
La Coordinadora de Atención y Gestión de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (SEIMUJER), Swany Peña Reyes, informó que debido al aumento de asesinatos contra mujeres, la Asociación Civil Humanas sin Violencia pidió desde 2014 que se activara la Alerta de Género para Michoacán.
La funcionaria explicó que una vez realizada la solicitud, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) revisa y realiza un diagnóstico para posteriormente emitir recomendaciones. Cuando se declara la alerta de género en algún estado del país, la Secretaría de Gobernación federal aporta recursos económicos para que se implementen acciones de seguridad, se modifiquen leyes, entre otras acciones que ayuden a disminuir los índices de violencia y feminicidio. Esto no ha sucedido en Michoacán, dado que el gobernador Silvano Aureoles ha evitado que esta situación estigmatice y deteriore aún más la imagen de la entidad.
Hasta el momento y desde el Gobierno de Salvador Jara, se han emitido nueve recomendaciones que desde entonces no han sido atendidas en su totalidad, como elaborar un banco de datos de las mujeres asesinadas o que la PGJE entregue informes detallados de todos los casos para determinar qué casos pueden ser catalogados como feminicidios.
Swany Peña expuso que no cualquier muerte puede ser catalogada como feminicidio, “pues éste es autónomo y tiene que reunir siete características, entre ellas: que el cuerpo de la víctima quede expuesto en una vía pública sin necesidad de que haya sido abusada sexualmente, en general que haya sido atacada por su género, es decir, que le hagan algo que a un hombre no le harían como morderle un pezón o introducirle objetos por el ano o la vagina”.
En sentido opuesto, Lucero Circe López Riofrío, presidenta de la Asociación Civil Humanas Sin Violencia, puntualizó que la alerta de género es un mecanismo de emergencia que permite analizar las razones por las cuales se asesina a las mujeres, independientemente de que se clasifiquen como feminicidios o no, y promover acciones que prevengan, sancionen y erradiquen la violencia.
López Riofrío insistió en la necesidad de entender cómo funciona la Alerta de Género, ya que no sólo incluye datos estadísticos como el número de homicidios de mujeres que registra cada entidad, sino que, al conocer las causas por las que ocurren los homicidios, estas se ataquen para evitar más casos. Sin embargo, sentenció que la administración pública no tiene ninguna respuesta a las causas del asesinato de mujeres.
Incluso, señaló que el gobierno federal, a través de sus organismos como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto de Nacional de las Mujeres (INMUJERES), no tiene políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar este flagelo, situación que se repite a en los municipios del estado.
La activista aseguró que las autoridades de Ayuntamientos son indolentes, dado que no entienden la responsabilidad de instrumentar acciones orientadas a detectar y combatir esta problemática.
Los costos políticos de la Alerta de Género
Circe López Riofrío, presidenta de la Asociación Civil Humanas Sin Violencia, refirió que cuando se da la declaratoria de Alerta de Género, la Federación tiene la obligación de destinar un monto financiero para el fortalecimiento de la estrategias que garanticen el acceso de las mujeres a la justicia, “y lo que se observa, es que la negación para emitir es la alerta se queda en un análisis de partidos políticos, es decir, la declaratoria está más ligada a qué instituto político gobierna un estado, en lugar de los casos efectivos de homicidios que registra cada uno”.
Ejemplificó que “si se emite la alerta para una entidad priísta, este partido buscará que la próxima declaratoria sea para un estado panista o perredista, por lo mediático que representa admitir una crisis de asesinatos de mujeres al interior de una administración pública y el costo electoral que podría representar”.
Circe López afirmó que las mujeres solo representan un número de muertes y no son consideradas ciudadanas, por qué de ser así habría mecanismos para proteg
erlas. “Las mujeres son en tanto las que pueden votar, aquellas a las que se pude manipular o las que se puede matar”.
Enfatizó que, de existir un reconocimiento de los derechos de las mujeres, estas contarían con herramientas para protegerse de una situación de violencia, pues actualmente hay casos de agresiones que tienen su origen en el seno familiar, y cuando una víctima acude a denunciar, no le creen porque todavía existe la idea en muchos funcionarios que aunque golpeen, maltraten y maten a una mujer, esta ocupa un lugar menor en la sociedad.
“En la escuela hay hostigamiento y acoso sexual. ¿Qué mecanismos se están instrumentando en la Secretaría de Educación para que las maestras o alumnas denuncien el acoso y la violencia sexual? Nada hacen”.
La activista consideró que el trabajo realizado en el estado por las autoridades no es suficiente, pues el grupo de expertos que analizó la situación de las mujeres en Michoacán emitió nueves observaciones que son básicas, es decir, que no corresponden a la realidad que enfrenta la entidad. Por ejemplo, una de las observaciones orientadas a que las instancias de la Mujer tengan recursos, es que la Procuraduría revise todos los expedientes que mandó al archivo muerto, acciones que impiden la comprensión y contextualización de la violencia que enfrenta cada estado.
Apuntó que combatir la violencia no solamente debe ser tarea de la SEIM
UJER o de las dependencias afines, sino que es una labor integral y en conjunto de todo el aparato administrativo, pero ello no se ve por ningún lado.
Circe López Riofrío estimó que difícilmente se declarará la alera de género, pues al Gobierno de Michoacán no le conviene reconocer que están asesinando a las mujeres y la Federación no quiere destinar los recursos extraordinarios que debe canalizar junto con la declaratoria.
Las cifras no cuadran
Cada dependencia tiene sus números oficiales. Según la PGJE, solamente han ocurrido 19 feminicidios del 2013 a la fecha, y solo reconoce dos casos de feminicidios en lo que va del 2016.
Sin embargo, cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), revelan que en 2014 hubo 79 feminicidios en Michoacán; mientras que otras organizaciones en Pro de los Derechos de la Mujer, advierten que la cifra se eleva hasta 750 feminicidios en los últimos cinco años.
De acuerdo con el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANESVIM), del 1° de enero de 2013 al 8 de diciembre de 2015, la SEIMUJER atendió 16 mil 742 de mujeres violentadas, mayoritariamente de 30 a 34 años de edad; de ellas, 9 mil 372 casadas, 3 mil 26 solteras y 2 mil 125 que viven en concubinato. Los principales tipos de violencia que se registran son de tipo psicológico, económico, físico, de pareja y sexual.
* El Equipo de Periodismo Profundo Cero60 que realizó este reportaje está integrado por Alan Salinas, Claudia Gutiérrez, Nallely Soriano, Nohemí Tamayo y Osiris Olachea
